Los movimientos migratorios forman parte de la humanidad misma, pero las crisis derivadas por un desbordamiento en las fronteras suponen un grave desafío en su gestión. Durante mucho tiempo, las crisis migratorias se han abordado en Europa como si solo existieran dos respuestas posibles: abrir las fronteras sin límites o cerrarlas completamente. Ceuta demuestra, una vez más, que la realidad es mucho más compleja.
Lo sucedido durante los días 30 y 31 de julio no puede analizarse únicamente desde la cifra de personas que llegaron a la ciudad. Decenas de miles de personas intentaron acceder a territorio español en apenas dos jornadas y una parte permaneció posteriormente en Ceuta. Una ciudad de poco más de 80.000 habitantes no puede absorber de manera improvisada una presión humana de semejante magnitud.
La primera obligación de cualquier Gobierno ante una crisis de estas dimensiones es evitar que la situación se desborde. Y la segunda, hacerlo garantizando al mismo tiempo la seguridad, los derechos y la dignidad de todos.
Porque hay dos realidades que no deberían enfrentarse entre sí. Los ciudadanos de Ceuta que pagan impuestos tienen derecho a disponer de unos servicios públicos capaces de responder a una situación extraordinaria y poder seguir con normalidad en sus vidas. Y los inmigrantes (incluidos los menores), tienen derecho a que se respeten las leyes españolas y europeas. Defender una cosa no obliga a negar la otra.
Ese equilibrio exige gestión. No discursos inflamados, no consignas electorales y tampoco la utilización de la inmigración como arma partidista.
El debate político ha demostrado, sin embargo, que las palabras importan. Como ha señalado Irene Lozano al analizar el lenguaje empleado durante la crisis, hablar de “entrada”, “cruce”, “avalancha” o “invasión” no produce el mismo significado. Cada término construye un relato diferente y atribuye responsabilidades distintas.
El Gobierno necesita construir un relato más claro, pero sobre todo necesita construir una política más clara.
No basta con responsabilizar a las mafias, a los algoritmos o a las circunstancias internacionales. Tampoco resulta suficiente atribuir únicamente toda la responsabilidad a Marruecos. Un acontecimiento de esta magnitud obliga a investigar qué ocurrió, qué papel desempeñaron las autoridades de ambos lados de la frontera y qué mecanismos fallaron.
España no puede permitirse depender de la improvisación cada vez que se produce una crisis migratoria en Ceuta o Melilla. Necesita una estrategia permanente, recursos suficientes y una cooperación internacional basada en responsabilidades compartidas.
Y Marruecos tiene una responsabilidad evidente en el control de su frontera y en evitar que miles de personas sean utilizadas, voluntaria o involuntariamente, como instrumento de presión. Igualmente la colaboración internacional exige deberes por parte del gobierno marroquí, teniendo en cuenta que es un país rico de enormes recursos pero con una mala gestión que condena a una gran brecha entre ricos y pobres.
Pero España también debe asumir la parte que le corresponde: disponer de medios de acogida, reforzar la vigilancia, acelerar los procedimientos legales y garantizar que los retornos se realizan conforme a derecho.
La firmeza y los derechos humanos no son conceptos incompatibles.
Tampoco lo son la seguridad y la solidaridad. Los ciudadanos de Ceuta no deben pagar el precio de una gestión insuficiente de la inmigración. Si los servicios públicos se ven desbordados, el Estado debe intervenir con rapidez y proporcionar recursos extraordinarios.
Y si existen personas que cometen delitos, deben ser investigadas, juzgadas individualmente y deportadas, sin convertir las conductas de unos cuantos en una condena colectiva contra quienes de verdad huyen de situaciones difíciles.
La solución tampoco puede consistir en mantener durante semanas a miles de personas en condiciones precarias. La experiencia europea demuestra que la no acogida y el confinamiento terminan generando crisis humanitarias que perjudican tanto a los migrantes como a las poblaciones que los reciben.
Por eso Europa debe dejar de contemplar Ceuta únicamente como una frontera española. Es también una frontera exterior de la Unión Europea. Y una frontera europea necesita recursos, coordinación y una política común.
La cooperación con Marruecos debe formar parte de esa estrategia, pero debe ser una cooperación equilibrada. España y la Unión Europea pueden contribuir mediante acuerdos, financiación, formación y desarrollo, pero también deben exigir al socio marroquí que cumpla sus responsabilidades. Cooperar no significa delegar indefinidamente el control de una frontera ni aceptar que toda la presión recaiga sobre el lado español.
Ceuta necesita seguridad, pero también necesita previsión.
La verdadera gestión de una crisis migratoria no consiste en reaccionar cuando miles de personas ya han llegado, sino en disponer antes de mecanismos capaces de anticipar, ordenar y responder.
Eso significa reforzar la frontera, mejorar los sistemas de acogida, acelerar la atención a los menores, perseguir a las redes de tráfico de personas y establecer canales legales y seguros de migración. Significa también repartir responsabilidades entre el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Unión Europea.
Y significa abandonar la confrontación política.
Ceuta no necesita que unos acusen a otros de traición, irresponsabilidad o complicidad. Necesita que las instituciones funcionen. Necesita que Gobierno y oposición sean capaces de discutir sobre soluciones sin convertir a una ciudad fronteriza en el escenario permanente de una batalla partidista.
Porque gestionar la inmigración no significa elegir entre seguridad y humanidad. Significa demostrar que un Estado democrático puede garantizar ambas.
JORGE DOBNER
Editor
En Positivo
Leer más: