Vivimos una época atravesada por enormes contradicciones. Nunca antes la humanidad había acumulado tantos avances científicos, tecnológicos y económicos, y sin embargo millones de mujeres, niños y adolescentes continúan creciendo entre la desigualdad, la violencia, la pobreza o la desprotección.
Vivimos una paradoja difícil de explicar a los ciudadanos europeos. Nunca antes se habían recaudado tantos impuestos, nunca antes los Estados habían gestionado presupuestos tan voluminosos y, sin embargo, cada vez son más frecuentes las voces que anuncian recortes en los pilares fundamentales del Estado de bienestar.
Sanidad, educación, dependencia o pensiones vuelven a aparecer en el centro del debate como si fueran un lujo prescindible y no una de las mayores conquistas sociales de la Europa contemporánea.
La reciente decisión del Gobierno alemán de impulsar una batería de recortes para contener el déficit y afrontar el incremento del gasto en defensa ha reabierto una discusión que trasciende las fronteras de Alemania. La pregunta ya no es únicamente qué país será el siguiente, sino qué modelo de sociedad está dispuesto a aceptar Europa en las próximas décadas.
El argumento utilizado por las autoridades alemanas resulta conocido. El envejecimiento demográfico, el aumento de los costes sanitarios y las nuevas exigencias geopolíticas obligarían a reformar un sistema que algunos consideran insostenible. La solución propuesta pasa por reducir prestaciones, endurecer condiciones y limitar determinadas coberturas públicas. Todo ello mientras el gasto militar alcanza cifras históricas impulsadas por un escenario internacional cada vez más inestable.
Sin embargo, la cuestión de fondo merece una reflexión más profunda. ¿Por qué cuando aparecen dificultades presupuestarias los primeros sacrificios suelen dirigirse hacia la protección social? ¿Por qué se plantea como inevitable recortar derechos mientras otras partidas permanecen prácticamente fuera del debate público?
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, afirmaba recientemente de que los ciudadanos ya anticipan subidas de impuestos o recortes en el Estado de bienestar para financiar el incremento del gasto en defensa. La afirmación puede ser realista desde una perspectiva económica, pero también revela una preocupante normalización de una idea: que el bienestar colectivo debe ser la variable de ajuste cuando las cuentas públicas se tensionan.
Y, sin embargo, existen otras preguntas igualmente legítimas. ¿Cuánto dinero se pierde cada año por la corrupción, la mala gestión o el despilfarro de recursos públicos? ¿Cuántos fondos desaparecen en estructuras ineficientes, duplicidades administrativas o redes clientelares sostenidas durante décadas?
El Fondo Monetario Internacional estima que la corrupción cuesta a la economía mundial más del cinco por ciento del PIB global. Se trata de una cifra colosal que evidencia hasta qué punto la erosión de las instituciones tiene consecuencias directas sobre la vida de millones de personas.
Cada euro desviado indebidamente es un euro que deja de invertirse en hospitales, escuelas, investigación, dependencia o atención a los más vulnerables.
Por eso resulta difícil aceptar que la primera respuesta ante los desafíos económicos consista en reducir derechos sociales mientras los escándalos de corrupción continúan golpeando la credibilidad de las instituciones democráticas. La política no puede convertirse en un mecanismo de enriquecimiento personal ni en un refugio para intereses particulares. Su razón de ser es exactamente la contraria: administrar los recursos comunes para mejorar la vida de la ciudadanía.
La polémica surgida en torno a la financiación de la dependencia en la comunidad de Madrid ilustra además una realidad preocupante. Cuando personas afectadas por enfermedades devastadoras como la ELA observan cómo determinadas ayudas se reducen o condicionan económicamente, el debate deja de ser contable para convertirse en una cuestión de dignidad humana. Porque detrás de cada ajuste presupuestario existen rostros concretos, familias reales y situaciones de enorme vulnerabilidad.
La sensación de agravio aumenta cuando, al mismo tiempo que se plantea la necesidad de recortar prestaciones sociales o exigir nuevos esfuerzos fiscales a los ciudadanos, continúan apareciendo informaciones que afectan a figuras políticas de primer nivel.
El reciente caso que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha generado una profunda decepción entre muchos ciudadanos que esperaban de quienes han ocupado las más altas responsabilidades públicas una conducta ejemplar e irreprochable. También casos como Gürtel y la contabilidad B de Bárcenas dejaron al descubierto graves irregularidades en la financiación del PP, mientras investigaciones posteriores como Púnica y Kitchen prolongaron la sombra de la corrupción y del espionaje político en torno al partido. Igualmente en Argentina, Javier Milei afronta una investigación por presunto fraude tras promocionar la criptomoneda $LIBRA, mientras su gobierno también ha quedado bajo la lupa por nuevas sospechas de corrupción que salpican a su entorno más cercano y a organismos sensibles como la agencia de discapacidad.
Más allá de cuál sea el recorrido judicial o político de cada caso, lo verdaderamente preocupante es el deterioro de la confianza institucional que provocan este tipo de episodios.
Defender el Estado de bienestar no significa negar la necesidad de gestionar con responsabilidad los recursos públicos. Tampoco implica ignorar los desafíos económicos del presente. Significa recordar que las prioridades de una sociedad revelan sus valores más profundos.
Y una democracia sólida no se mide únicamente por su capacidad para crecer o para defenderse, sino también por su capacidad para cuidar.
Quizá haya llegado el momento de impulsar una verdadera revolución del Estado de bienestar. No para hacerlo más pequeño, sino para hacerlo más eficiente, más transparente y más resistente frente a quienes pretenden convertir los derechos sociales en una variable secundaria. Porque antes de pedir sacrificios a pensionistas, enfermos, trabajadores o familias, las democracias tienen la obligación moral de combatir con firmeza el despilfarro, la corrupción y la mala gestión.
Al fin y al cabo, una sociedad que renuncia a proteger a sus ciudadanos más vulnerables no está resolviendo sus problemas. Está renunciando a una parte esencial de sí misma. Y ese es un precio que ninguna democracia debería estar dispuesta a pagar.
JORGE DOBNER
Editor
En Positivo
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