La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una cuestión política, económica y social de primer orden. Las últimas semanas han vuelto a poner sobre la mesa advertencias que ya no proceden únicamente de filósofos, científicos o activistas, sino también de investigadores y responsables de las propias empresas que están desarrollando los sistemas más avanzados. Es el caso de Anthropic y OpenAI que piden «bajar el ritmo» de desarrollo de la IA por el riesgo a «perder el control».
No se trata de alimentar el miedo ni de anunciar un nuevo apocalipsis. Tampoco de negar los riesgos. Se trata de asumir una realidad mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más exigente: la inteligencia artificial avanza a una velocidad que obliga a la sociedad a decidir qué límites quiere establecer antes de que otros los decidan por ella.
La carrera por desarrollar modelos cada vez más potentes parece no tener un punto de llegada. Empresas y laboratorios compiten por capacidad de cálculo, datos, talento y cuota de mercado. Y en esa competición aparece una pregunta que debería ocupar un lugar central en el debate público: ¿Quién controla a quienes están construyendo una tecnología que tendrá capacidad para transformar nuestras vidas?
La encíclica Magnifica Humanitas de León XIV ya advertía de esta paradoja: “Todos nosotros, incluidos quienes los diseñan, conocemos poco de su funcionamiento efectivo”.
La cuestión no es menor. Si ni siquiera quienes desarrollan estos sistemas pueden anticipar completamente su comportamiento, resulta difícil defender que las propias compañías sean las únicas encargadas de establecer sus límites.
Por eso la regulación no puede llegar siempre después de la innovación. Necesitamos controles independientes, mecanismos de supervisión y responsabilidades claras. Como señalaba la encíclica, “No sirve una IA más moral si esa moral la deciden unos pocos”. La frase resume uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: no podemos dejar que una tecnología con consecuencias colectivas quede sometida únicamente a decisiones privadas.
Pero regular no significa frenar el progreso. Significa orientarlo.
La inteligencia artificial puede mejorar la medicina, transformar la educación, facilitar nuestro trabajo, aumentar la productividad y ayudarnos a resolver problemas que hoy parecen inabarcables. También puede utilizarse para manipular información, intensificar conflictos, sustituir empleos sin mecanismos de adaptación, concentrar todavía más poder y riqueza e incluso perfeccionar mecanismos de guerra.
La tecnología no es buena ni mala por sí misma. Lo decisivo es quién la utiliza, con qué objetivos y bajo qué reglas.
Ahí reside también la responsabilidad de los Gobiernos, las instituciones y la ciudadanía. No podemos esperar a que las consecuencias sean irreversibles para comenzar a discutir sobre ellas. La regulación debe avanzar al mismo tiempo que la innovación, con capacidad para adaptarse a una tecnología que cambia constantemente.
También debemos hablar de empleo. La automatización derivada de la IA puede generar enormes ganancias de productividad, pero esas ganancias no deberían traducirse automáticamente en una mayor concentración de riqueza. Si algunas tareas desaparecen, necesitaremos formación, transición profesional y mecanismos que permitan repartir los beneficios de la nueva economía.
Y hay una dimensión todavía más profunda: la humana. Si la tecnología empieza a tomar decisiones sobre nuestro trabajo, nuestra información, nuestras relaciones o nuestro acceso a determinados servicios, debemos preguntarnos qué espacios queremos preservar para la autonomía y el criterio de las personas.
Como advertía ya en 2023 el historiador Yuval Noah Harari, quien junto a más de un millar de líderes tecnológicos e investigadores firmó una carta abierta solicitando una pausa en el desarrollo de los sistemas de IA más avanzados,: “La IA es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones por sí misma”. Precisamente por eso no podemos limitarnos a observar la carrera desde la grada.
No necesitamos una sociedad paralizada por el miedo a la inteligencia artificial, sino una sociedad preparada para gobernarla.
La solución no pasa por prohibir la innovación ni por confiar ciega e ingenuamente en quienes la lideran. Pasa por construir una gobernanza global efectiva. Necesitamos una organización supranacional de supervisión (en la línea de organismos como el OIEA para la energía nuclear) que no se convierta en un mero chiringuito burocrático ni en un foro de buenas intenciones, sino en un comité regulador independiente con capacidad real de inspección, sanción y acción efectiva.
Solo así, con instituciones fuertes y ciudadanas y democracias preparadas para establecer límites, podremos garantizar que la tecnología siga estando al servicio de la humanidad.
JORGE DOBNER
Editor
En Positivo
Leer más: