Vivimos una época atravesada por enormes contradicciones. Nunca antes la humanidad había acumulado tantos avances científicos, tecnológicos y económicos, y sin embargo millones de mujeres, niños y adolescentes continúan creciendo entre la desigualdad, la violencia, la pobreza o la desprotección. El progreso global sigue midiéndose demasiadas veces en cifras macroeconómicas, mientras las realidades humanas más elementales quedan relegadas a un segundo plano.
Y quizá ahí resida uno de los grandes desafíos morales y políticos de nuestro tiempo: comprender que no puede existir una sociedad verdaderamente desarrollada si no coloca la dignidad humana en el centro de sus prioridades.
En ese contexto adquiere especial relevancia la reciente columna conjunta firmada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, donde ambos advierten de una realidad incontestable: “El mundo no puede permitirse fallar a mujeres, niños y adolescentes”. La frase no funciona únicamente como declaración política; es, sobre todo, una interpelación ética dirigida a una comunidad internacional que parece oscilar peligrosamente entre la indiferencia y el repliegue.
Las cifras que acompañan ese diagnóstico son estremecedoras. Cada dos minutos una mujer muere en el mundo durante el embarazo o el parto. Millones de niños no alcanzan los cinco años por causas evitables. La reducción de ayudas internacionales, los conflictos armados, la deuda y la fragilidad institucional amenazan con revertir décadas de avances en salud, educación y derechos humanos. Y como suele ocurrir en cada crisis, las consecuencias recaen primero sobre los más vulnerables.
No se trata únicamente de una cuestión sanitaria o económica. Se trata de qué tipo de civilización queremos construir. Una sociedad que tolera que niñas y mujeres pierdan derechos básicos, que normaliza la violencia de género, que deja a adolescentes sin oportunidades o que convierte la diversidad en motivo de señalamiento, es una sociedad que se erosiona desde dentro.
Por eso resulta importante que el debate contemporáneo sobre igualdad no quede atrapado en caricaturas ideológicas ni en guerras culturales alimentadas desde la polarización. Defender los derechos de las mujeres, proteger la infancia o garantizar la dignidad de las minorías no debería ser patrimonio exclusivo de ningún bloque político, sino una obligación democrática básica. La justicia social deja de ser sólida cuando depende únicamente de afinidades partidistas.
España, precisamente, ha proyectado recientemente una imagen significativa en ese terreno al convertirse, según el Mapa Arcoíris 2026, en el país de la Unión Europea con mayor protección legal para las personas LGTBIQ+. No significa que la discriminación haya desaparecido ni que las conquistas sean irreversibles, pero sí demuestra que las sociedades pueden avanzar cuando existe voluntad institucional y consenso cívico suficiente para ampliar derechos y garantizar protección.
Porque la cuestión de fondo no es identitaria, sino profundamente humana. Hablamos del derecho a vivir sin miedo, del acceso a la salud, de la posibilidad de construir un proyecto vital digno independientemente del género, la orientación sexual, el origen o la condición social.
Hablamos también de infancia, de educación emocional, de salud mental adolescente y de protección frente a nuevas formas de exclusión amplificadas por la violencia digital y los discursos de odio.
Frente a un clima internacional cada vez más crispado, donde resurgen liderazgos autoritarios, nacionalismos excluyentes y políticas basadas en el enfrentamiento, conviene recordar que las sociedades más fuertes no son las que levantan más muros, sino las que mejor cuidan a quienes más lo necesitan. El verdadero progreso no consiste únicamente en crecer económicamente, sino en garantizar que nadie quede atrás.
Tal vez esa sea la gran tarea pendiente de este tiempo: recuperar la idea de que gobernar también significa cuidar. Cuidar la democracia, cuidar la convivencia, cuidar los derechos conquistados y, sobre todo, cuidar a las personas.
Porque cuando mujeres, niños, adolescentes y minorías viven con dignidad y oportunidades, no solo mejora su vida individual; mejora la calidad moral de toda la sociedad.
JORGE DOBNER
Editor
En Positivo
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