Durante años, los centros de datos han sido presentados como infraestructuras invisibles, neutrales y necesarias para el progreso digital. Sin embargo, esa narrativa empieza a resquebrajarse. Lo que se expande hoy por zonas rurales, periferias urbanas y pequeñas localidades ya no se percibe solo como tecnología, sino como poder materializado en hormigón, consumo energético y desigualdad territorial.
El Financial Times los describía con crudeza en un artículo reciente: “Espacios que no hacen más que albergar máquinas que se utilizan para mantener otras máquinas”. La frase condensa una incomodidad creciente: estos gigantes arquitectónicos no están pensados para las personas, ni para las comunidades que los rodean, sino para una lógica extractiva al servicio de la inteligencia artificial y del capitalismo de datos.
La proliferación de estos complejos (almacenes sin ventanas, extensiones infinitas de racks y sistemas de refrigeración) ha dado lugar a lo que algunos arquitectos ya llaman los primeros “edificios poshumanos”.
Como recuerda el mismo diario británico, “cada época tiene su tipo de edificio característico… el siglo XXI, al parecer, tendrá centros de datos”. El problema no es solo estético. Es político, ambiental y social.
En Estados Unidos, la resistencia ha comenzado a articularse en lugares como Sand Springs, Oklahoma, donde vecinos y autoridades locales cuestionan proyectos que prometen empleo pero consumen enormes cantidades de agua y energía.
Según recoge The Washington Post, los bloqueos y aplazamientos de nuevas instalaciones se multiplican, impulsados por la percepción de que los beneficios se concentran lejos, mientras los costes se quedan en el territorio.
Ese patrón se repite en Europa y Asia. España, Francia o Filipinas empiezan a vivir conflictos similares. Las promesas de crecimiento ya no compensan el ruido constante, la presión sobre las redes eléctricas y el impacto ambiental. Como subraya Courrier International, la oposición a estos proyectos no es tecnófoba, sino una reacción a la falta de control democrático sobre infraestructuras críticas.
La paradoja es evidente: mientras los gigantes tecnológicos invierten miles de millones en centros de datos – McKinsey estima hasta 7,9 billones de dólares para 2030-, las comunidades locales apenas participan en las decisiones. La arquitectura del siglo XXI se construye, así, sin ciudadanos.
Frente a esta deriva, la resistencia no plantea rechazar la tecnología, sino devolverle un marco humano. Regular, limitar, redistribuir y someter estas infraestructuras a escrutinio público no es frenar el progreso. Es evitar que el futuro digital se levante, literalmente, sobre territorios sacrificados y democracias vaciadas de poder.
Redacción
En Positivo
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